De imperio a república, de provincias a estados. 200 años de República Federal
Horacio Cruz García
José M. Torreblanca, “Símbolo del Federalismo”, litografía, contenida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Sancionada por el Congreso General Constituyente, el 4 de Octubre de 1824, México, Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en Palacio. 1824.
Tras la consumación de la Independencia en 1821, comenzó el difícil proceso de construcción del Estado-nación mexicano. Una de las primeras labores de la recién formada Junta Nacional Gubernativa fue la convocatoria a Cortes, o Congreso Constituyente, que inició funciones el 24 de febrero de 1822, un año exacto después de la promulgación del Plan de Iguala. La composición de ese Congreso fue desigual, pues los diputados no fueron elegidos de acuerdo al número de habitantes de sus provincias, sino por el número de partidos que cada una tenía.
Por poner un ejemplo, la provincia de Guanajuato tenía ocho partidos y medio millón de habitantes, mientras que Durango tenía 40 partidos pero tan solo 159 mil pobladores, de acuerdo con cálculos anteriores a la guerra de Independencia. Además, las provincias fueran obligadas a que, de sus diputados, uno fuera militar; otro, religioso secular; y uno más, letrado (abogado, juez de letras o ministro). Además, de acuerdo con la región, otro diputado debía tener una profesión particular, ya fueran empleados de gobierno o de hacienda, “títulos” (personas con título nobiliario), comerciantes, artesanos, mineros, etcétera.
El Congreso mantuvo relaciones tirantes con Agustín de Iturbide, primero como presidente de la Regencia, y posteriormente como emperador. Iturbide consideraba que el Constituyente, al no otorgarle facultades especiales, le impedía gobernar de manera efectiva; además, en agosto de 1822 fueron aprehendidas varias personas, incluidos diputados, acusadas de conspirar para establecer una república. Esto motivó a Iturbide a cerrar de manera forzosa el Congreso el 31 de octubre de ese año y sustituirlo por una Junta Nacional Instituyente, que inició funciones dos días después.
El cierre del Congreso fue considerado un acto de tiranía, lo que provocó distintos pronunciamientos. Uno de los más importantes fue el Plan de Veracruz, proclamado el 6 de diciembre de 1822 por Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria, donde se desconocía a Iturbide como gobernante, exigiendo la restitución del Congreso. Similar solicitud enarbolaron Nicolás Bravo y Vicente Guerrero en el Plan de Chilapa de enero de 1823.
El movimiento definitivo vino de José Antonio de Echávarri, general enviado por Iturbide a Veracruz para sofocar la rebelión de Victoria y Santa Anna. Ante la imposibilidad de uno y otro bando de obtener un resultado definitivo, Victoria y Echávarri entraron en negociaciones. El 1° de febrero de 1823, este último proclamó el Plan de Casa Mata, donde reconocía y respetaba la figura del emperador, y solicitaba que se eligiera un nuevo congreso constituyente.
El artículo 9° de dicho plan otorgaba a la diputación provincial de Veracruz facultades para el gobierno interno hasta que las autoridades decidieran secundar el pronunciamiento; muchas diputaciones provinciales se ampararon en esta facultad y secundaron el Plan de Casa Mata, lo que le restó apoyó a Iturbide. En un intento por salvar la situación, el monarca ordenó restituir el Congreso Constituyente el 4 de marzo, pero la situación le era adversa, y abdicó el día 19 de ese mes, partiendo al exilio en mayo de ese año.
El Congreso restituido nombró a un triunvirato para ejercer el poder Ejecutivo, en el cual participaron Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete, Miguel Domínguez, Mariano Michelena y Vicente Guerrero, quienes rotaron como propietarios y suplentes a lo largo de 18 meses. El Ejecutivo y el Legislativo vieron cuestionada su autoridad por las provincias, las cuales, amparadas en el Plan de Casa Mata, exigían que se convocara a un nuevo congreso, pues el que estaba no las representaba de manera adecuada.
Ante la negativa de los diputados de convocar a un nuevo congreso, las provincias de Yucatán, Oaxaca, Jalisco y Zacatecas se declararon estados libres e independientes, y condicionaron su reconocimiento a los poderes nacionales al establecimiento de una federación y a la formación del nuevo órgano legislativo. De esta manera, se convocó a un nuevo Constituyente, el cual inició funciones el 7 de noviembre de 1823 y tuvo una representación proporcional a la población de las provincias. Mientras tanto, el triunvirato hizo frente a algunas rebeliones militares de los estados que apoyaban el federalismo; pese a esto, en todo momento primó la negociación, por lo que la guerra civil y el derramamiento de sangre se evitaron.
Las labores del segundo Constituyente fueron rápidas, y el 31 de enero de 1824 se decretó el Acta Constitutiva, primer documento que estableció el sistema federal, con el reconocimiento de las provincias como estados libres e independientes, así como de los territorios. En los meses posteriores, las labores de los diputados prosiguieron, con añadidos y correcciones al Acta Constitutiva con miras a la carta magna definitiva. Por su parte, el Ejecutivo continuó atendiendo el gobierno del país, desde las labores de los cuatro ministerios (Guerra y Marina, Relaciones interiores y exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, y Hacienda), además de hacer frente a otros pronunciamientos militares que no tuvieron mayor repercusión, como el de José María Lobato en enero, o el de Antonio de León en los meses de julio y agosto, los cuales se oponían a la permanencia de españoles en los cargos públicos.
Las elecciones presidenciales se verificaron a mediados de año. Las legislaturas de los estados emitían su voto para presidente y vicepresidente, mientras que el Congreso general, reunido en la ciudad de México, era el encargado de contar los sufragios. Guadalupe Victoria obtuvo el mayor número de votos, por lo que fue nombrado presidente de la República. Por su parte, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero quedaron empatados en el segundo mayor número de sufragios, por lo que correspondió al Constituyente tomar la decisión de quien ocuparía la vicepresidencia, la cual finalmente recayó en Bravo. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, en la capital nacional. Seis días después, Victoria y Bravo asumieron sus encargos, convirtiéndose en los primeros gobernantes del periodo republicano en nuestro país.
La nueva constitución, si bien se denominaba federal, tenía muchos rasgos de confederación, sistema que otorga mayores libertades a las entidades. El carácter federal se apreciaba en la unificación de la moneda, la libertad de imprenta, la intolerancia religiosa, la división de poderes y la garantía de seguridad y tranquilidad a través del Ejército permanente, aspectos que quedaban bajo la responsabilidad de los poderes nacionales. Los rasgos confederales se aprecian en la libertad de los estados de escoger su administración y gobierno interior, establecer los criterios para ser considerado ciudadano, el mando de las milicias cívicas y la elección de presidente y vicepresidente mediante las legislaturas locales.
A lo largo de dos siglos, el federalismo ha sufrido modificaciones y supresiones; sin embargo, se ha mantenido como un rasgo esencial de nuestra vida política nacional. A 200 años de su establecimiento, contribuimos con este breve repaso de cómo México, en un periodo de tres años, pasó de ser una monarquía constitucional a una república federal, y las razones de este movimiento político que ha trascendido hasta la actualidad.
Fuentes:
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